Publicado originalmente el 16 de septiembre del 2019

En el año 1958, la Encuesta Nacional de Elecciones le hizo a los estadounidenses una pregunta simple: ¿Confías en que el gobierno está haciendo lo correcto la mayor parte del tiempo? Ese año, el 73% de los estadounidenses dijeron que sí.

En el 2019, ese número es solo el 17%. Cinco de cada seis estadounidenses no confían en que su gobierno hace lo correcto.

¿Por qué tantas personas han perdido la fe en el gobierno?

Es cierto que los políticos de derecha han pasado una generación atacando al concepto mismo de gobierno. Pero también es cierto que en estos días, nuestro gobierno no está funcionando para la mayoría de las personas. Claro, funciona muy bien para los ricos y los bien conectados, pero no para todos los demás.

No funciona porque las grandes compañías de seguros y los conglomerados de hospitales priorizan ganancias antes que la salud y el bienestar del pueblo estadounidense, y desperdician montones de dinero en campañas políticas y esfuerzos de cabildeo para bloquear cualquier movimiento de Medicare para todos.

No funciona porque las grandes compañías petroleras que han ocultado estudios climáticos y financiado investigaciones de negación climática, entierran a los reguladores en una avalancha de pseudociencia de mala fé y luego gastan libremente en influenciar al Congreso para asegurar que algo como el Green New Deal nunca sea aprobado.

No funciona porque las compañías farmacéuticas gigantes quieren exprimir hasta el último centavo de las personas que dependen de sus medicamentos recetados, mientras que su ejército de cabilderos hunden la reforma cada vez que hay una discusión en el Congreso sobre el precio de los medicamentos.

Cuidado infantil universal. Reforma al sistema de justicia criminal. Viviendas asequibles. Reforma sobre las armas. Mira atentamente y verás: en todos los asuntos importantes, las políticas ampliamente populares se ven obstaculizadas porque las corporaciones gigantes y los multimillonarios que no quieren pagar impuestos o seguir reglas usan su dinero e influencia para interponerse en el camino de un gran cambio estructural.

Tenemos que llamar eso por lo que es: Corrupción simple y sencillamente.

No lo dudes: La administración de Trump es la administración más corrupta de nuestras vidas.

• Naciones extranjeras, como Arabia Saudita, canalizan dinero hacia los bolsillos de Trump, gastando dinero libremente en sus hoteles.

• La propuesta fiscal de Trump es un regalo de $1.5 billones que ayuda principalmente a las grandes corporaciones y a estadounidenses ricos. La mitad del total de cabilderos registrados en Washington trabajaron en temas relacionados con la palabra "impuesto" el mismo año en que se redactó el proyecto de ley: Son once cabilderos por cada miembro del Congreso. Y cuando los miembros del Congreso que lo defendieron perdieron sus elecciones, obtuvieron posiciones en la industria del cabildeo.

• Los jueces de la Corte Suprema de Trump fueron elegidos por grupos extremistas de derecha que gastaron millones en anuncios de televisión, primero para mantener abierto un asiento en la Corte Suprema en la Administración de Obama, y luego para presionar al Senado a que eligieran a sus candidatos preferidos, incluso cuando significaba ignorar los cargos graves de asalto sexual para asegurar la confirmación.

• El elegido de Trump para director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) fue un opositor del cambio climático con vínculos a la industria petrolera. Cuando se vió obligado a renunciar después de una serie de violaciones de ética, Trump lo reemplazó con un ex cabildero del carbón.

• Los embajadores de nuestra nación reflejan a los mayores donantes de Trump y miembros de Mar-a-Lago.

Pero estos problemas no comenzaron con Donald Trump.

Son mucho más grandes que él y resolverlos requiere un gran cambio estructural para transformar nuestro gobierno.

Eso por eso que he publicado varios planes para luchar contra la corrupción en Washington. Un plan para asegurar que ningún presidente esté por encima de la ley. Un plan que combata y vaya en contra de la influencia de contratistas de defensa en el Pentágono. Un plan para prohibir las prisiones privadas y ampliar la supervisión, transparencia y ejecución de reglas para todos los contratistas del gobierno federal. Previamente en el Congreso, he avanzado legislación anticorrupción amplia.

Pero debemos ir aún más lejos.

Hoy, estoy anunciando un conjunto comprensivo de propuestas agresivas y de gran alcance para eliminar la corrupción en Washington. Es el conjunto más amplio de reformas anticorrupción desde Watergate. El objetivo de estas medidas es directo: Quitarle el poder a los ricos y bien conectados en Washington y devolverlo a donde pertenece, a manos del pueblo estadounidense.

Mi plan detalla casi cien maneras de cómo podemos cambiar nuestro gobierno para solucionar este problema: Desde mejorar las reglas de integridad pública para los funcionarios federales en cada rama del gobierno hasta terminar con el cabildeo existente, arreglar las leyes penales para que los políticos corruptos rindan cuentas y garantizar que nuestras agencias y tribunales federales estén libres de influencias corruptas.

Y solo estoy comenzando.

RESTAURAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA

Si eliges ser un servidor público, debes servir al público, no a tus propios intereses financieros o a los intereses financieros de los ricos y poderosos. Pero enfrentamos una crisis de confianza en la ética y la integridad pública de los funcionarios federales en Estados Unidos. La puerta giratoria para aquellos que entran y salen de la Administración Trump está girando fuera de control, y una multitud de personas en la órbita de Trump están tratando de beneficiarse personalmente de su presidencia, incluyendo él mismo.

Pero antes de que Trump ingresara a la Casa Blanca, las reglas de integridad pública de nuestra nación ya eran demasiado débiles. Muchos funcionarios públicos pueden aprovecharse fácilmente del servicio público para beneficio personal. Y ver cómo estas personas andan por el gobierno con conflictos financieros personales obvios reduce la fé pública en los funcionarios honestos. Para solucionar esto, necesitamos reescribir totalmente nuestras leyes de ética.

Debemos comenzar al eliminar los conflictos de intereses financieros en Washington.

Donald Trump es el perfecto ejemplo de alguien con conflictos de interés obvios: Alrededor de 2,310 conflictos de interés y contando. Se rehúsa a desprenderse de sus negocios, lo que ha abierto la puerta a corporaciones gigantes, cabilderos extranjeros y a nuestros propios funcionarios del gobierno para beneficiarse.

Según un estudio realizado por la organización Ciudadanos a favor de la Responsabilidad y la Ética en Washington, Donald Trump ha visitado una de sus propiedades durante casi un tercio del total de días que ha sido presidente. El hotel de Trump en Washington incluso envió al gobierno federal una factura de $200,000 porque los agentes del Servicio Secreto también se vieron obligados a hospedarse allí.

Los países extranjeros también han tomado la indirecta. Representantes de 65 gobiernos extranjeros han visitado las propiedades de Trump desde que asumió el cargo, y las embajadas han comenzado a reservar los hoteles de Trump para sus eventos. Trump los ha incitado, descaradamente insinuando que utilizaran otra de sus propiedades como sede de una futura cumbre internacional.

Las grandes corporaciones y los ultra ricos también han tratado de ganarse el favor con Donald Trump al frecuentar sus propiedades. T-Mobile mandó a sus ejecutivos más altos al Hotel Trump en DC justo después de que la compañía anunció una fusión que requiere la aprobación de la administración Trump. Los prestamistas de día de pago celebraron sus reuniones anuales en el club de golf de Trump en Miami, mientras que la administración de Trump constantemente ha desmantelado las restricciones y regulaciones sobre estos prestamistas explotadores. Y varios donantes ricos que pagan la cuota de membresía de $200,000 de Mar-a-Lago, que se duplicó cuando Trump se convirtió en presidente, han ejercido una "influencia radical" en el Departamento de Asuntos de Veteranos.

Hasta los mismos designados y aliados políticos de Trump han intentado quedar bien con Trump, explotando sus conflictos de interés. Más de 100 miembros republicanos del Congreso se han convertido en clientes de los negocios de Trump desde que se convirtió en presidente. Más recientemente, el fiscal general de Trump, William Barr, gastó $30,000 en el Hotel Trump de Washington, afirmando de manera poco convincente que era el único lugar que podía encontrar para su fiesta navideña en Washington, y en un viaje oficial a Irlanda, el vicepresidente Mike Pence se quedó en una propiedad de Trump supuestamente bajo las instrucciones de Trump, a pesar de que estaba ubicado a tres horas de sus reuniones programadas en Dublín.

Trump es el ejemplo más atroz de esta corrupción, y necesitamos nuevas reglas para hacer que los líderes rindan cuentas por este tipo de conducta. Pero no podemos condenar esta conducta sin reconocer también que las oportunidades que reflejan la apariencia de los negocios-personales son demasiado fáciles en todo el gobierno federal. Restaurar la confianza del pueblo estadounidense no se trata solo de reemplazar a Trump y sus aliados. Necesitamos nuevas reglas concretas para eliminar la posibilidad de que los funcionarios públicos sirvan a los intereses privados.

Aquí es donde comenzaría:

Acabaría con los negocios-personales en la Casa Blanca aplicando leyes de conflicto de intereses al presidente y al vicepresidente. Bajo mi plan, los presidentes y vicepresidentes tendrían que colocar sus negocios en un fideicomiso ciego para ser vendidos. No más pagos. No más sobornos de gobiernos extranjeros. No más negocios-personales.

Divulgaría las declaraciones de impuestos de los candidatos federales y los funcionarios al público automáticamente . La divulgación de la declaración de impuestos para los funcionarios elegidos por el gobierno federal no debería ser opcional, debería ser ley. Y no solo debe aplicarse a los presidentes, si no también a todos los que se postulen para o sirvan como funcionarios electos al nivel federal. Los candidatos presidenciales, en particular, deben seguir el estándar establecido por Barack Obama de publicar al menos ocho años de retornos. (Yo he publicado los de once años). Y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) simplemente debe publicar las declaraciones de impuestos requeridas para los candidatos calificados, para que nada como el reuso de Donald Trump a revelar sus impuestos vuelva a suceder.

Forzaría a los altos funcionarios del gobierno a desinvertir de los activos de propiedad privada que podrían presentar conflictos de intereses. A los asesores de la Casa Blanca como Jared Kushner se les ha permitido usar sus cargos en el gobierno para enriquecerse aún más, mientras que los funcionarios del gabinete como Betsy DeVos tienen cientos de millones en cuentas privadas que hacen que sea casi imposible determinar quién podría ejercer influencia sobre DeVos y su familia. El hecho de que tal conducta pueda pasar cualquier tipo de prueba de ética deja en claro que necesitamos nuevas reglas. Mi plan pone fin a esta práctica al exigir a los altos funcionarios, incluyendo a aquellos que no son remunerados como Kushner, que se despidan de sus negocios y otros activos en conflicto.

Prohibiría completamente la práctica de los funcionarios gubernamentales que negocian acciones individuales mientras están cumpliendo con sus cargos electos. Según la ley actual, los miembros del Congreso pueden negociar acciones y luego usar sus poderosas posiciones para aumentar el valor de esas acciones y llenar sus propios bolsillos. Tom Price, exsecretario de Salud y Servicios Humanos de Trump, compró acciones farmacéuticas mientras estaba en la Cámara de Representantes y luego luchó arduamente para obtener un retorno de su inversión impulsando políticas que beneficiarían a las compañías farmacéuticas gigantes. Y otro miembro del Congreso, Chris Collins, fue acusado de negociar las mismas acciones basadas en información privilegiada. Pero enjuiciamientos como este son raros. Incluso cuando las inversiones no influyen en las decisiones, la existencia de estos conflictos directos socava la confianza pública en el gobierno. La solución es simple: prohibir a los miembros del Congreso y altos funcionarios del gobierno poseer o comerciar acciones individuales. En cambio, pueden invertir en fondos mutuos libres de conflictos o fondos administrados por el Programa Federal de Plan de Ahorro (también conocido como el Thrift Savings Program). Los bufetes de abogados siguen este tipo de reglas para evitar la apariencia de conflictos financieros con los intereses de sus clientes; No hay razón para que los servidores públicos importantes y los funcionarios electos no hagan lo mismo.

Pondría fin a la serie de prácticas sospechosas adicionales que brindan oportunidades a los funcionarios del gobierno para que sirvan a sus propios intereses financieros. Mi plan prohíbe a los miembros del Congreso y al personal de rango superior del Congreso a servir en juntas corporativas, ya sea que se les pague o no por hacerlo. También fortalece los requisitos de ética para los equipos de transición presidenciales para garantizar que aquellos que están formando nuestro gobierno divulguen cualquier conflicto de intereses y cumplan con los más altos estándares éticos. Y para garantizar que no haya preguntas sobre si los miembros del Congreso están actuando en base a conflictos financieros, como el cabildero convertido en senador y luego convertido en cabildero Jon Kyl, mi plan requiere que todos los miembros del Congreso, incluyendo a los nombrados, revelen sus conflictos financieros antes de que asuman el cargo.

Finalmente, debemos poner fin de inmediato a la posibilidad de comerciar con acceso a información política interna. Cada año, cientos de millones de dólares fluyen a las llamadas agencias de "inteligencia política" que contratan a operativos para merodear por los pasillos del Congreso en busca de información privilegiada y vender esa información a los comerciantes de Wall Street que intentan ganar dinero. Mi plan combate esta práctica mediante la implementación de estrictos requisitos de divulgación y regulaciones sobre la llamada "consultoría de inteligencia política", que incluye sanciones penales para ex funcionarios públicos que usan información política interna para realizar inversiones o asesorar a otros que lo están haciendo.

Es hora de cerrar la puerta giratoria entre el gobierno y las industrias.

Donald Trump no solo se ha enriquecido a sí mismo y a sus asesores; ha convertido su Casa Blanca en un caso de estudio sobre los peligros de la puerta giratoria entre las industrias y el gobierno.

Trump criticó a Goldman Sachs en la campaña electoral del 2016. Pero tan pronto como fue elegido a la presidencia, recurrió a más de media docena de empleados de la empresa para ocupar altos cargos en su administración, lo suficiente como para abrir una nueva sucursal de Goldman Sachs.

Una de estas personas fue Gary Cohn, el ex presidente de Goldman Sachs, quien se convirtió en el principal asesor económico de Trump. Al salir de Goldman, la empresa le dio un total de $285 millones; $123 millones en forma de efectivo y acciones que sólo podría cobrar si dejaba la empresa para trabajar en el gobierno.

Yo lo llamo un "pre-soborno". Mientras cobraba ese cheque de $285 millones, Gary Cohn ayudó a reescribir las leyes tributarias de nuestra nación, avanzó los cambios a través del Congreso y básicamente le devolvió a Goldman Sachs su dinero, y unos pocos miles de millones de dólares de más.

Hay innumerables ejemplos como este en la Administración Trump, pero es un problema general en Washington, y va mucho más allá del soborno evidente y atroz del quid pro quo. Cuando alguien sirve en el gobierno con planes de inmediatamente regresar a trabajar en la industria que ha estado supervisando, esa persona enfrenta incentivos obvios para promover los intereses de su futuro empleador. Y cuando alguien se muda inmediatamente de una compañía regulada a un trabajo que regula esa compañía, el público tiene razón al preocuparse por el riesgo que esas personas prioricen los intereses de sus antiguos jefes.

El gobierno debe poder aprovechar de la experiencia del sector privado, y los servidores públicos que abandonan el gobierno deben poder encontrar empleo después del gobierno. De manera similar, los puestos gubernamentales que se hacen de forma voluntaria y de medio tiempo, que tienen sentido en ciertas situaciones, necesariamente asumen algún nivel de trabajo externo. Pero hay una diferencia entre experiencia y corrupción.

Aquí es donde comenzaría:

Acabaría con los negocios-personales en la Casa Blanca aplicando leyes de conflicto de intereses al presidente y al vicepresidente. Bajo mi plan, los presidentes y vicepresidentes tendrían que colocar sus negocios en un fideicomiso ciego para ser vendidos. No más pagos. No más sobornos de gobiernos extranjeros. No más negocios-personales.

Divulgaría las declaraciones de impuestos de los candidatos federales y los funcionarios al público automáticamente . La divulgación de la declaración de impuestos para los funcionarios elegidos por el gobierno federal no debería ser opcional, debería ser ley. Y no solo debe aplicarse a los presidentes, si no también a todos los que se postulen para o sirvan como funcionarios electos al nivel federal. Los candidatos presidenciales, en particular, deben seguir el estándar establecido por Barack Obama de publicar al menos ocho años de retornos. (Yo he publicado los de once años). Y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) simplemente debe publicar las declaraciones de impuestos requeridas para los candidatos calificados, para que nada como el reuso de Donald Trump a revelar sus impuestos vuelva a suceder.

Forzaría a los altos funcionarios del gobierno a desinvertir de los activos de propiedad privada que podrían presentar conflictos de intereses. A los asesores de la Casa Blanca como Jared Kushner se les ha permitido usar sus cargos en el gobierno para enriquecerse aún más, mientras que los funcionarios del gabinete como Betsy DeVos tienen cientos de millones en cuentas privadas que hacen que sea casi imposible determinar quién podría ejercer influencia sobre DeVos y su familia. El hecho de que tal conducta pueda pasar cualquier tipo de prueba de ética deja en claro que necesitamos nuevas reglas. Mi plan pone fin a esta práctica al exigir a los altos funcionarios, incluyendo a aquellos que no son remunerados como Kushner, que se despidan de sus negocios y otros activos en conflicto.

Prohibiría completamente la práctica de los funcionarios gubernamentales que negocian acciones individuales mientras están cumpliendo con sus cargos electos. Según la ley actual, los miembros del Congreso pueden negociar acciones y luego usar sus poderosas posiciones para aumentar el valor de esas acciones y llenar sus propios bolsillos. Tom Price, exsecretario de Salud y Servicios Humanos de Trump, compró acciones farmacéuticas mientras estaba en la Cámara de Representantes y luego luchó arduamente para obtener un retorno de su inversión impulsando políticas que beneficiarían a las compañías farmacéuticas gigantes. Y otro miembro del Congreso, Chris Collins, fue acusado de negociar las mismas acciones basadas en información privilegiada. Pero enjuiciamientos como este son raros. Incluso cuando las inversiones no influyen en las decisiones, la existencia de estos conflictos directos socava la confianza pública en el gobierno. La solución es simple: prohibir a los miembros del Congreso y altos funcionarios del gobierno poseer o comerciar acciones individuales. En cambio, pueden invertir en fondos mutuos libres de conflictos o fondos administrados por el Programa Federal de Plan de Ahorro (también conocido como el Thrift Savings Program). Los bufetes de abogados siguen este tipo de reglas para evitar la apariencia de conflictos financieros con los intereses de sus clientes; No hay razón para que los servidores públicos importantes y los funcionarios electos no hagan lo mismo.

Pondría fin a la serie de prácticas sospechosas adicionales que brindan oportunidades a los funcionarios del gobierno para que sirvan a sus propios intereses financieros. Mi plan prohíbe a los miembros del Congreso y al personal de rango superior del Congreso a servir en juntas corporativas, ya sea que se les pague o no por hacerlo. También fortalece los requisitos de ética para los equipos de transición presidenciales para garantizar que aquellos que están formando nuestro gobierno divulguen cualquier conflicto de intereses y cumplan con los más altos estándares éticos. Y para garantizar que no haya preguntas sobre si los miembros del Congreso están actuando en base a conflictos financieros, como el cabildero convertido en senador y luego convertido en cabildero Jon Kyl, mi plan requiere que todos los miembros del Congreso, incluyendo a los nombrados, revelen sus conflictos financieros antes de que asuman el cargo.

Finalmente, debemos poner fin de inmediato a la posibilidad de comerciar con acceso a información política interna. Cada año, cientos de millones de dólares fluyen a las llamadas agencias de "inteligencia política" que contratan a operativos para merodear por los pasillos del Congreso en busca de información privilegiada y vender esa información a los comerciantes de Wall Street que intentan ganar dinero. Mi plan combate esta práctica mediante la implementación de estrictos requisitos de divulgación y regulaciones sobre la llamada "consultoría de inteligencia política", que incluye sanciones penales para ex funcionarios públicos que usan información política interna para realizar inversiones o asesorar a otros que lo están haciendo.

Es hora de cerrar la puerta giratoria entre el gobierno y las industrias.

Donald Trump no solo se ha enriquecido a sí mismo y a sus asesores; ha convertido su Casa Blanca en un caso de estudio sobre los peligros de la puerta giratoria entre las industrias y el gobierno.

Trump criticó a Goldman Sachs en la campaña electoral del 2016. Pero tan pronto como fue elegido a la presidencia, recurrió a más de media docena de empleados de la empresa para ocupar altos cargos en su administración, lo suficiente como para abrir una nueva sucursal de Goldman Sachs.

Una de estas personas fue Gary Cohn, el ex presidente de Goldman Sachs, quien se convirtió en el principal asesor económico de Trump. Al salir de Goldman, la empresa le dio un total de $285 millones; $123 millones en forma de efectivo y acciones que sólo podría cobrar si dejaba la empresa para trabajar en el gobierno.

Yo lo llamo un "pre-soborno". Mientras cobraba ese cheque de $285 millones, Gary Cohn ayudó a reescribir las leyes tributarias de nuestra nación, avanzó los cambios a través del Congreso y básicamente le devolvió a Goldman Sachs su dinero, y unos pocos miles de millones de dólares de más.

Hay innumerables ejemplos como este en la Administración Trump, pero es un problema general en Washington, y va mucho más allá del soborno evidente y atroz del quid pro quo. Cuando alguien sirve en el gobierno con planes de inmediatamente regresar a trabajar en la industria que ha estado supervisando, esa persona enfrenta incentivos obvios para promover los intereses de su futuro empleador. Y cuando alguien se muda inmediatamente de una compañía regulada a un trabajo que regula esa compañía, el público tiene razón al preocuparse por el riesgo que esas personas prioricen los intereses de sus antiguos jefes.

El gobierno debe poder aprovechar de la experiencia del sector privado, y los servidores públicos que abandonan el gobierno deben poder encontrar empleo después del gobierno. De manera similar, los puestos gubernamentales que se hacen de forma voluntaria y de medio tiempo, que tienen sentido en ciertas situaciones, necesariamente asumen algún nivel de trabajo externo. Pero hay una diferencia entre experiencia y corrupción.

No se trata simplemente de reemplazar a Trump con un presidente honesto. Hemos visto el tema de los cabilderos de la industria y los principales ejecutivos girando libremente a través de la puerta giratoria hacia y desde importantes posiciones gubernamentales en las administraciones demócratas y republicanas. Solucionar el problema subyacente requiere fortalecer las reglas para garantizar que cuando los funcionarios del gobierno tomen decisiones, solo consideren el interés público, y no sus propios intereses personales o los intereses de sus amigos y futuros empleadores.

Aquí hay algunos pasos obvios para ayudar a resolver este problema:

Prohibir los “paracaídas de oro” que proporcionan bonos corporativos para los ejecutivos que sirven en el gobierno federal. No podemos permitir que las grandes compañías se salgan con el nombramiento de sus ejecutivos de alto rango en puestos de alto nivel del gobierno y pagarles pre-sobornos antes de salir. Bajo mi plan esto sería ilegal.

Restringir la habilidad de los cabilderos de ingresar a trabajos gubernamentales. Segun mi propuesta, los cabilderos actuales no podrán tomar trabajos del gobierno durante 2 años después de trabajar en el sector de cabildeo, con excepciones limitadas para cuando la contratación sea de interés nacional. Los cabilderos corporativos deberán esperar al menos 6 años, sin excepciones ni exenciones. Estos extensos períodos de enfriamiento ayudarán a garantizar que si se contrata a alguien con estos antecedentes para desempeñar un papel en el gobierno, se les seleccione por su experiencia y no por sus conexiones.

Hacer ilegal que los funcionarios electos y las personas de alto rango designadas por el gobierno se conviertan en cabilderos. Mi plan prohíbe que los presidentes, vicepresidentes, miembros del Congreso, jueces federales y secretarios de gabinete se conviertan en cabilderos, no por uno o dos años, sino de por vida. A todos los demás empleados federales también se les prohibirá cabildear en su antigua oficina, agencia o Cámara del Congreso después de que abandonen el servicio gubernamental durante al menos 2 años, o 6 años para los cabilderos corporativos.

Restringir la capacidad de las empresas de pagarle a exfuncionarios federales para manipular al gobierno. Según mi plan, a las compañías se les prohibiría contratar inmediatamente a ex funcionarios de alto rango del gobierno cuya agencia u oficina ha cabildeado en los últimos dos años. Y debido a que las corporaciones más grandes y más dominantes del mercado en Estados Unidos también ejercen un poder político descomunal, mi plan les impide usar contrataciones de personal para manipular el gobierno al prohibir que compañías gigantes, bancos y monopolios contraten a ex funcionarios del gobierno de alto rango durante al menos cuatro años. 

Luego, mantendremos a nuestro poder judicial federal a los más altos estándares éticos.

Las corporaciones gigantes y los intereses poderosos no han limitado su influencia en el Congreso y la Casa Blanca. También han dirigido su atención a los tribunales.

No existe un “mecanismo formal para la revisión de conflictos" para los jueces de la Corte Suprema. Pero hacerse de la vista gorda no significa que no exista un problema. La Sociedad Federalista —un grupo de extrema derecha financiado por corporaciones que seleccionó la lista de nominados de la Corte Suprema de Trump—cubrió todos los gastos del juez Clarence Thomas para que él pudiera asistir a un evento de lujo organizado por los hermanos Koch. Y durante años, el juez Thomas no presentó declaraciones públicas que indicaran que su esposa trabajaba como enlace de la Casa Blanca para la Heritage Foundation, un grupo cuyo cofundador personalmente comenzó el esfuerzo conservador para derrocar la decisión del caso Roe v. Wade.

No solo son los jueces de la Corte Suprema. Los jueces federales pueden hacer casi cualquier cosa sin tener que revelarlo, y en el raro caso que se descubren sus violaciones éticas y se enfrenten a una investigación, pueden escapar del escrutinio por completo al renunciar sin penalización.

Nuestro sistema de tribunales federales sólo funciona si el pueblo estadounidense tiene fe en que está impartiendo neutralmente la justicia imparcial sin prejuicios o intereses personales que interfieran en las decisiones judiciales. Si queremos que el pueblo estadounidense crea esto, necesitamos algunas reformas serias de ética judicial.

Aquí es donde comenzaría:

Aseguraría que los jueces de la Corte Suprema se mantengan con el mismo estándar que el resto del poder judicial federal. Hoy, cada juez federal está obligado a seguir un código de conducta, excepto los jueces de la Corte Suprema. Esto es un ingrediente perfecto para cementar la corrupción. Podemos solucionarlo al aplicar el código de conducta para jueces de los Estados Unidos a los jueces de la Corte Suprema.

Fortalecería los requisitos de ética para los jueces federales. Las corporaciones y las organizaciones de defensa proporcionan rutinariamente a jueces federales viajes con todos los gastos pagados a seminarios extravagantes. Mi plan fortalece las reglas existentes que prohíben a los jueces aceptar regalos y establece un nuevo fondo para cubrir gastos razonables para participar en seminarios judiciales. Ya no se cobrarán tarifas altas para dar discursos y ni para viajes elegantes a cabañas de caza y campos de golf. Mi plan también prohíbe a los jueces federales poseer acciones individuales.

Solicitaría a los jueces que divulguen información clave para que el pueblo estadounidense pueda verificar que su conducta está por encima del reproche ético. Mi plan requiere que la Conferencia Judicial de los Estados Unidos, la institución encargada de administrar nuestros tribunales federales, haga públicos los informes financieros, las decisiones de recusación y los discursos de los jueces para sacar estas actividades a la luz. Esto generará confianza pública en que los casos sean escuchados por jueces justos e imparciales.

Cerrar el vacío legal que le permite a los jueces federales escapar de las investigaciones por mala conducta al renunciar a su cargo. Cuando el juez del Noveno Circuito, Alex Kozinski, se enfrentó a una investigación de ética judicial por conducta sexual inapropiada hacia mujeres jóvenes que eran asistentes legales, renunció y la investigación terminó de inmediato. Del mismo modo, las quejas por asalto sexual y perjurio contra Brett Kavanaugh fueron desestimadas cuando fue confirmado ante la Corte Suprema, y la hermana de Donald Trump, Maryanne Trump-Barry, renunció a su cargo, poniendo fin a una investigación sobre los esquemas impositivos de décadas de la familia Trump, incluyendo posible fraude. Bajo mi plan, las investigaciones permanecerán abiertas hasta que sus hallazgos se hagan públicos y se emitan las sanciones por mala conducta.

TERMINAR CON EL CABILDEO EXISTENTE

La promesa fundamental de nuestra democracia es que cada voz individual importa. Pero cuando los cabilderos y las grandes corporaciones pueden comprar la influencia de los políticos, esa promesa se rompe. Lo primero que se debe hacer para solucionarlo, es acabar con el cabildeo existente.

La constitución garantiza al pueblo estadounidense el derecho de presentar quejas a su gobierno. El cabildeo no es nuevo, ha existido durante siglos. Lo nuevo es la utilización del cabildeo para obligar a nuestro gobierno a priorizar los intereses corporativos. Mientras las empresas tienen un rol importante que desempeñar en nuestra conversación democrática, las voces de las corporaciones y los intereses poderosos no deberían ser las únicas voces en esa conversación. Pero eso es exactamente lo que sucedió.

Antes de la década de los 70s, las corporaciones gastaban poco en actividades de cabildeo. El año pasado, más de once mil cabilderos registrados recorrieron pasillos gubernamentales, en su mayoría representando a clientes poderosos, por una suma de más de $3 mil millones. 

Este aumento en gastos de cabildeo ha ocurrido casi al mismo tiempo que los ideólogos de derecha han reducido los recursos gubernamentales independientes y la experiencia interna, que son esenciales para que los funcionarios no tengan que depender de la "experiencia" de los cabilderos corporativos. Mientras tanto, la mayoría del trabajo de cabildeo corporativo sigue siendo poco transparente, nominalmente regido por definiciones débiles, pocas restricciones significativas y requisitos inadecuados de información y divulgación. La libertad otorgada a los cabilderos corporativos de poder recaudar fondos para campañas políticas hace difícil distinguir entre el cabildeo y el soborno.

Podemos acabar con el control que los cabilderos de las corporaciones gigantes tienen sobre nuestro gobierno. Juntos, podemos terminar el cabildeo tradicional. Así es cómo podemos comenzar:

Ampliar la definición de los cabilderos para que incluya a todos los que son pagados para influenciar a los legisladores. Debido a nuestras leyes débiles, solo las personas que se reúnen directamente con los funcionarios electos o pasan más del 20% de su tiempo cabildeando, deben registrarse como cabilderos. Esto significa que las firmas de abogados, consultorías e incluso las agencias de cabildeo que contratan individuos con el propósito expreso de influir en el gobierno pueden esquivar estos requisitos de registro, lo que permite que intereses poderosos influyan en las políticas sin tener que rendir cuentas públicamente. Esta práctica, endémica en ambos partidos políticos, debe terminar.

Mi plan saca a la luz esta actividad al fortalecer la definición de quien es considerado un cabildero para incluir a todas las personas pagadas para influir en el gobierno. También crea una nueva designación para que los cabilderos corporativos identifiquen a las personas pagadas para influir en el gobierno en nombre de las entidades con fines de lucro y sus grupos de fachada, y somete a estas entidades corporativas a restricciones adicionales.

Prohibir el cabildeo para entidades extranjeras. El director de la campaña política del presidente Trump se encuentra actualmente en prisión, condenado en parte por no registrar adecuadamente su actividades sospechosas de cabildeo extranjero en nombre de Ucrania. Pero, ¿cuál es la justificación para permitir que los gobiernos extranjeros usen a los estadounidenses como pistoleros a sueldo que se sientan en las sombras, en silencio tratando de influir en nuestro sistema político interno? No es así cómo debería funcionar la diplomacia. Otras naciones tienen embajadores y personal diplomático en los Estados Unidos. Si esos gobiernos quieren interactuar con nuestro proceso político, pueden hacerlo a través de canales diplomáticos normales. Mi plan prohíbe categóricamente la práctica del cabildeo privado para gobiernos extranjeros, individuos extranjeros y empresas extranjeras. No más cabilderos de K Street que buscan beneficiar los intereses de China, Rusia o Arabia Saudita.

Imponer reglas estrictas a todos los cabilderos, incluso para prevenir que donen o recauden fondos para candidatos políticos. Los cabilderos pagados son contratados por un objetivo, promover los intereses de sus clientes. Permitir que las personas a las que se les paga para influir a  funcionarios del gobierno sobre políticas también puedan dar obsequios o canalizar dinero a las campañas políticas de esos mismos funcionarios parece un soborno legal. Mi plan no solo prohíbe a los cabilderos hacer contribuciones políticas, sino que también les prohíbe agrupar donaciones o organizar recaudaciones de fondos para candidatos políticos. Y prohíbe las tarifas de contingencia de cabildeo, donde a los cabilderos solo se les paga si influyen a funcionarios electos con éxito para lograr un resultado que sirva los intereses estrechos de sus clientes.

Ampliar drásticamente el tipo de información que los cabilderos deben divulgar. Nuestras leyes actuales requieren una divulgación mínima de los cabilderos y sus actividades. Esto evita que el pueblo estadounidense entienda completamente quién está tratando de influir en el gobierno y por qué. Mi plan requiere que todos los cabilderos publiquen todas las reuniones con oficinas Congresionales o  funcionarios públicos, los documentos que proporcionan durante esas reuniones y todas las acciones gubernamentales que intentan influenciar. También exige que todas las organizaciones benéficas sin fines de lucro, organizaciones de bienestar social y asociaciones comerciales divulguen cualquier donante cuyo dinero se utilizó para desarrollar productos para influir en testimonios Congresionales, reglamentaciones de agencias federales o para propósitos de cabildeo.

Imponer un impuesto sobre el cabildeo excesivo y utilizar estos ingresos para brindar al Congreso y a agencias federales las herramientas necesarias para luchar contra la influencia corporativa. En el 2018, los cabilderos gastaron $3.4 mil millones tratando de influir políticas públicas en nombre de sus clientes, incluyendo $95 millones de la Cámara de Comercio pro-corporativa, $73 millones de la Asociación Nacional de Realtors y $28 millones del grupo cabildero de la industria farmacéutica. El derecho a solicitar a nuestro gobierno no permite que las industrias ejerzan una influencia financiera ilimitada sobre los legisladores. Es por eso que impondré un impuesto sobre cualquier entidad que gaste más de $500,000 por año en cabildeo. El impuesto reducirá el incentivo financiero del cabildeo excesivo, y sus ingresos se utilizarán para contrarrestar los efectos del cabildeo excesivo al proporcionar recursos financieros adicionales para que las agencias federales investiguen y revisen las acciones reguladoras que son el objetivo de la actividad de cabildeo excesivo, así como financiación para el National Public Advocate, una oficina nacional para ayudar al público a participar en el proceso de elaboración de normas, y para las agencias de apoyo del Congreso.

Fortalecer la independencia del Congreso de los cabilderos. Las oficinas y agencias del Congreso carecen fondos suficientes, lo que crea una presión innecesaria para depender de los cabilderos y contar con su experiencia. Mi plan hace la transición del personal del Congreso a salarios competitivos y restablece la Evaluación de la Oficina de Tecnología del Congreso no partidista para ayudar a los miembros del Congreso a comprender nuevas áreas de ciencia y tecnología, porque los miembros del Congreso deberían tener acceso a experiencia e información sin depender de cabilderos.

PONERLE FIN A LA CAPTURA CORPORATIVA DE NUESTRAS AGENCIAS FEDERALES

Las agencias federales principales—agencias como la Agencia de Protección Ambiental, el Departamento de Trabajo y el Departamento de Energía—fueron creadas por el Congreso para hacer cumplir e implementar leyes que protegen los amplios intereses del público contra el poder corporativo. Pero debido a la puerta giratoria, la avalancha de cabilderos y la debilidad de nuestras agencias para defenderse, las agencias a menudo encuentran sus agendas capturadas por las mismas industrias que se supone que deben regular. Podemos y debemos hacer cambios para fortalecer la independencia de las agencias y su capacidad de actuar decisivamente en el interés público.

Estos son algunos de los pasos que toma mi plan para abordar esta situación:

Evitar que las personas en posiciones poderosas distribuyan estudios falsos—a menudo financiados por donantes no revelados—y hacer que las corporaciones rindan cuentas por mentirle a los reguladores. Tomaré medidas enérgicas contra las corporaciones que manipulan agencias mediante la presentación de investigaciones falsas, como los estudios de negación climática comprados y pagados por magnates del petróleo y gas como los hermanos Koch. Requeriré que las personas que envíen algún comentario público sobre reglas propuestas por las agencias revelen cualquier conflicto editorial de interés relacionado con cualquier investigación no evaluada que citen. Los estudios que se determinen que tengan conflictos de interés serán omitidos del proceso reglamentario a menos que la persona que ofrezca ese estudio certifique que se ha sido sometido a una evaluación por pares rigurosa e independiente. De lo contrario, los trataremos como la ciencia falsa que son, excluyéndolos del proceso reglamentario y evitando que cualquier tribunal los considere. Y si una empresa engaña a una agencia con un "análisis" que sabe que es falso, será procesada como cualquier otra persona que esté bajo juramento ante el Congreso o ante un tribunal de justicia.

Poner fin a la práctica de invitar a los ejecutivos corporativos a negociar las reglas que sus compañías tendrían que seguir y poner fin a las tácticas de pérdida que usan para eliminar las reglas de interés público. Mi plan restringe quienes son elegibles para participar en el proceso de negociación de reglamentación para que la industria ya no tenga una puerta abierta para dominar el proceso. También cierra los tecnicismos que han permitido a la industria y las agencias federales retrasar la implementación de las reglas que desfavorecen, incluso al finalizar la llamada revisión informal, reducir el período de revisión a 45 días y al dejar claro que solo los tribunales de apelaciones, no los jueces individuales del distrito federal, pueden bloquear temporalmente la implementación de reglas. Y mi plan requiere que las agencias justifiquen públicamente el retiro de cualquier regla de interés público.

Darle al público las herramientas necesarias para luchar contra las corporaciones que buscan manipular este proceso para su beneficio. Mi plan establece una Oficina de Defensor Público para involucrar al público en el proceso de cambios legales importantes realizados por las agencias federales durante el proceso de elaboración de reglamentos. También permitiré que los particulares presenten demandas contra las agencias federales por retrasar innecesariamente o no hacer cumplir las reglas de la agencia, y contra las corporaciones que las han violado.

ASEGURANDO ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS

Se supone que igualdad de justicia es la promesa del sistema legal estadounidense. Pero no se está cumpliendo esa promesa. En cambio, tenemos un sistema para los ricos y los bien conectados, y otro diferente para todos los demás. Ya es bastante difícil responsabilizar a una empresa poderosa a través de nuestro sistema legal, pero recientes desarrollos en las leyes han hecho que sea aún más difícil para individuos presentar esos casos en primer lugar. Necesitamos reformar nuestras reglas legales para asegurarnos de que cada persona perjudicada pueda obtener justicia en la corte.

Así es como comenzare:

Prohibiré las cláusulas de arbitraje forzoso. Muchas compañías obligan a sus empleados y consumidores a firmar cláusulas de "arbitraje forzado" como parte de sus contratos de trabajo o servicios. Estas cláusulas significan que si algo sale mal, las personas acuerdan nunca presentar una demanda en un tribunal federal contra la compañía, y en cambio son desviadas a un sistema privado de disputas. Estas disposiciones a menudo se incluyen en la letra pequeña de los contratos que firman los trabajadores o consumidores, y muchas personas ni siquiera saben que han firmado uno hasta que salen perjudicados y necesitan que nuestros tribunales les ayuden a obtener justicia. Estas disposiciones no deberían ser exigibles, pero la mayoría conservadora en la Corte Suprema decidió que, debido a que no había una ley explícitamente en su contra, podían aplicarse libremente. Así que aprobemos esa ley. Mi plan prohíbe categóricamente que las cláusulas de arbitraje forzado bloqueen las demandas relacionadas con el empleo, la protección del consumidor, las leyes antimonopolio y los derechos civiles.

Prohibiré las exenciones obligatorias de demanda colectiva. Cuando los trabajadores o consumidores son perjudicados por una empresa, deberían poder unirse para buscar justicia. Enfrentar el grupo de abogados de una gran corporación requiere enormes sumas de dinero y experiencia legal. Pero las exenciones de demanda colectiva contenidas en los contratos de consumo y empleo evitan que las personas demanden juntas. Esto hace que sea prácticamente imposible entablar una demanda, y le da a las compañías una licencia ilimitada para estafarte sin ninguna consecuencia. Estas disposiciones contra los trabajadores y contra los consumidores no deberían ser exigibles, pero debido a una decisión de la Corte Suprema escrita por el juez Gorsuch, está vigente. Es por eso que mi plan restablecería el derecho fundamental de los trabajadores y los consumidores a unirse cuando se vean perjudicados al prohibir estas disposiciones en casos de empleo, protección del consumidor, antimonopolio y derechos civiles.

Restaurar estándares justos de defensa. Cuando tú presentas una demanda, uno de los primeros pasos del proceso legal se llama "descubrimiento“. Eso es cuando se supone que debes hacer preguntas y recolectar la información sobre tu caso, pero un par de  decisiones recientes de la Corte Suprema derrocaron décadas de normas de suplicó, haciendo más difícil presentar un caso sin tener toda la información preparada. Estos casos criticados privan a los demandantes de su día en la corte, y permiten que los demandados poderosos puedan descartar casos exitosamente antes que hayan empezado. Mi plan desharía este daño mediante la restauración de estándares de declaraciones justas para que cada persona que ha sido perjudicada tenga su día en la corte.

HACER QUE LOS TRANSGRESORES RINDAN CUENTAS

Las reformas que he detallado nos ayudarán a lidiar con la corrupción en Washington. Pero también necesitamos fuertes mecanismos de ejecución y requisitos de transparencia amplios para asegurar que podamos hacer que transgresores rindan cuentas.

Hay que comenzar con sanciones reales por violar las reglas.

Cuando al secretario Ben Carson se le dieron advertencias porque su hijo estaba participando en eventos gubernamentales de lujo, el no le dio importancia. Y cuando una agencia de vigilancia de ética federal independiente determinó que Kellyanne Conway debería ser despedida por violar reiteradamente leyes federales, la administración le prestó poca atención. 

En Washington, los actores corruptos deben enfrentar sanciones cuando rompen la ley, y no regresar a sus rutinas de siempre.

Mi plan podría solucionar este problema al:

Establecer una nueva Oficina de Integridad Pública de Estados Unidos y fortalecer la aplicación de la ética. La nueva oficina de ética investigará quejas del público, impondrá sanciones civiles y administrativas a los infractores, y referirá transgresiones graves al Departamento de Justicia para persecución penal.

Ampliar y fortalecer la Oficina Independiente de Ética del Congreso. Mi plan se asegurará que esta oficina tenga la autoridad y los recursos adecuados para llevar a cabo investigaciones, referir las violaciones civiles y penales a las autoridades apropiadas, y recomendar medidas disciplinarias a los Comités de Ética de ambas cámaras.

Ampliar la definición de "acto oficial" en los estatutos de soborno para criminalizar la venta de acceso al gobierno. Cuando un político acepta regalos a cambio de favores del gobierno, es soborno. Pero gracias a una decisión de la Corte Suprema en el caso United States v. McDonnell, nuestras leyes no lo reconocen plenamente. Mi plan elimina estos vacíos legales y garantiza que los políticos corruptos que acepten sobornos puedan ser procesados. También deja claro que una secuencia de beneficios, en lugar de un solo acto, se califica como un beneficio ilegal pagado a cambio de un soborno.

Aclarar la definición de "contribuciones en especie" para garantizar que ningún futuro candidato pueda recibir asistencia política de países extranjeros o solicitar grandes pagos de dinero sin que se enfrenten a consecuencias legales. Según informes, políticos y asesores como Donald Trump Jr. han intentado recibir ayuda de países extranjeros, a pesar de que es ilegal que personas extranjeras aporten contribuciones en especie a las campañas. Y Donald Trump ordenó a Michael Cohen que gastara $130,000 para encubrir un amorío para que no saliera a la luz antes de las elecciones del 2016, a pesar de las leyes que le impiden solicitar grandes contribuciones en especie. Aunque un juez federal aceptó la declaración de culpabilidad de Cohen, los abogados y defensores de Trump continuaron insistiendo que lo que hizo Cohen, y lo que Trump solicitó, no era un delito. Mi plan resuelve este debate y deja claro que las normas que rigen las contribuciones en especie se aplican también a los beneficios intangibles, tales como la información privada sobre oponentes políticos, y las contribuciones financieras en especie, como el pago de dinero por silencio, cuando esas aportaciones se realizan al menos en parte—aunque no sea exclusivamente—para fines de campaña.

DISMINUIR LA CORRUPCIÓN A TRAVÉS DE NORMAS AMPLIAS DE TRANSPARENCIA DEL NUEVO GOBIERNO

Si se supone que el gobierno debe trabajar para el pueblo, entonces el pueblo debe recibir suficiente información para juzgar qué tan bien está trabajando su gobierno para ellos. Demasiados registros gubernamentales son mantenidos bajo llave, lo que hace imposible que el público responsabilice a su gobierno. Acciones legales importantes que tienen implicaciones para la salud pública y la seguridad pueden ser mantenidos en secreto. Y las acciones de los contratistas federales—las empresas a menudo encargadas de la implementación de políticas y programas gubernamentales, como la política de separación familiar de Trump—son mantenidas lejos de la vista pública, gracias a una variedad de exenciones y vacíos legales.

Así es como mi plan revelaría la actividad del gobierno:

Prohibiría a los tribunales sellar registros que involucren problemas importantes sobre la salud pública y seguridad. Cuando las personas murieron por defectos de ignición en los vehículos Chevrolet, General Motors resolvió los casos bajo la condición de que todos los documentos relacionados con los defectos se sellaran y mantuviera fuera de la vista del público. No es un incidente aislado. Las grandes corporaciones usan habitualmente acuerdos secretos para así mantener productos defectuosos en el mercado para poder seguir obteniendo ganancias. Esto no debe suceder. Mi plan prohíbe a los tribunales esconder registros en casos que involucren la seguridad y salud pública, con pocas excepciones, para que las corporaciones no puedan ocultar estas condiciones peligrosas al pueblo estadounidense.

Impondría estándares estrictos de transparencia para los tribunales federales y eliminaría las barreras para acceder  registros judiciales electrónicos. Mi plan requiere que los tribunales federales de apelación transmitan en vivo el audio de sus procedimientos, compartan datos de asignación de casos en masa y hagan que todos los registros de casos electrónicos, que actualmente deben comprarse del gobierno, sean más accesibles y gratuitos.

Fortalecería las leyes federales de registros abiertos para cerrar los vacíos legales y exenciones que ocultan la influencia corporativa, y aumentaría la transparencia en el Congreso, las agencias federales y las organizaciones sin fines de lucro que tienen como objetivo influir en la política. El pueblo estadounidense tiene derecho a saber si sus líderes electos están actuando en el mejor interés del público y de saber quién está tratando de influenciarlos. Bajo mi plan, los comités del Congreso, las agencias gubernamentales y los contratistas federales tendrían que divulgar públicamente información clave para que el pueblo estadounidense, y la prensa estadounidense, puedan hacer que el gobierno federal rinda cuentas necesarias.

No importa qué tema te traiga a esta lucha, ya sea el cuidado infantil, los préstamos estudiantiles, el cuidado de salud, inmigración o el sistema de justicia criminal, una cosa está clara: La corrupción está empeorando todo, y es la raíz de los principales problemas que enfrentamos como democracia.

Reformar la influencia del dinero en Washington no es suficiente. También necesitamos reformar exhaustivamente nuestro sistema de financiación de campañas. Por eso también he pedido una enmienda constitucional para revocar Citizens United. Necesitamos deshacernos de los comités de acción política (PACs, por sus siglas en inglés) y los gastos secretos de multimillonarios y corporaciones gigantes que intentan comprar nuestra democracia. Necesitamos romper el control que tienen los grandes donantes al crear un sistema de financiamiento público exclusivo para nuestras elecciones. Pero aun si resolvemos nuestros problemas de financiamiento de campañas, reformas comprensivas de anticorrupción dirigidas a Washington son necesarias para finalmente terminar con el dominio que los ricos y los bien conectados tienen sobre los procesos de toma de decisiones de nuestro gobierno.

Creo que podemos erradicar la corrupción en Washington. Creo que debemos hacer grandes cambios estructurales que nuevamente restablezcan nuestra confianza en el gobierno al demostrar que puede funcionar para todos nosotros. Y cuando sea presidenta, eso es exactamente lo que haré.